Los métodos piqueteros

El resurgimiento de la protesta social y los piquetes en estos últimos meses, pone en evidencia las limitaciones estructurales del gobierno nacional para dar soluciones -sin acudir a las clásicas prácticas clientelares- a los sectores más pobres.

El pasado 14 de agosto Cristina Fernandez anunció la conformación del programa “Argentina trabaja”, a través del cual se crearían 100 mil nuevos puestos de trabajo. Esto se llevaría a cabo a partir de cooperativas, que harían tareas de obra pública o mantenimiento de infraestructura pública en los distritos donde están asentadas. En una primera instancia, el programa se implementaría en el conurbano bonaerense.

Sin embargo, el discurso político quedó ajeno a la realidad. A la hora de ser implementado el programa y a pocos días de las declaraciones presidenciales, las organizaciones barriales denunciaron que de cooperativas tenían sólo el nombre. En  ese entonces explicaban,  “se tratará de cuadrillas municipales manejadas por los punteros que elija cada intendente. Más allá de una primera valoración por la aplicación de políticas sociales más activas ante la desocupación, en cuanto a la modalidad de implementación estos planes apuntan a fortalecer al aparato del Partido Justicialista y reproducir la lógica clientelar y punteril en cada municipio. Las organizaciones barriales, territoriales y de desocupados darán pelea por la gestión autónoma de las cooperativas y ya anuncian movilizaciones y protestas.”

Al mismo tiempo organizaciones de todas las provincias se hicieron eco del reclamo, exigiendo la nacionalización de las cooperativas, y políticas universales donde se evitara el manejo discresional, y la posibilidad de ser llevadas adelante por quienes venían trabajando con emprendimientos productivos y trabajo autogestionado. Allí fue cuando los piquetes del Puente Pueyrredon se reprodujeron en quince provincias argentinas. El puente Neuquén-Cipolleti también fue protagonista

Hay que llegar a cortar la 9 de julio

(Rodrigo Alfaro)

A principios de septiembre se llevaron a cabo una serie de reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social. Ante la negativa ministerial de incorporar cooperativas autónomas e independientes de los intendentes, se lanzó un plan de lucha mediante el cual se implementaron medidas escalonadas de protesta. Así, el 7 de septiembre organizaciones barriales, de desocupados y cooperativas de trabajo se movilizaron al Ministerio conducido por Alicia Kirchner. También lo hicieron en Rosario, Tucumán y Cipoletti, exigiendo que se modifiquen los criterios de su implementación, sin lograr ningún tipo de respuesta.

El paso siguiente fue el televisado acampe durante casi dos días, integrado por el Movimiento Unidad y Lucha, MTL Rebelde, Organización Popular Fogoneros, Movimientos de Trabajadores desocupados y agrupaciones territoriales del Frente Popular Darío Santillán, Frente Territorial 26 de Junio, Resistencia Popular, MIP, CPS 29, MTR Santucho, MDVG, OLP, FUBADEyO, MTR por la Democracia Directa, Agrup. María Claudia Falcone, MoTOR, Frente de Organizaciones en Lucha, Federación de Organizaciones de Base, MTD Aníbal Verón NF, Agupación Territorial Víctor Choque.

Las horas estuvieron plagadas de declaraciones políticas, como las del Ministro Aníbal Fernández, quien aseguró que las medidas estaban politizadas, que lo que querían era manejar el programa de acceso universal y lo que buscaban era represión.
El destrabe del conflicto sólo fue posible con la mediación de Perez Esquivel y la flexibilización en los reclamos. Así el gobierno nacional se comprometío a dar respuesta al pedido de democratizar el Programa “Argentina Trabaja” e incorporar a desocupados por fuera del manejo de los intendentes del conurbano y sus punteros políticos.

La represión es en todas partes

El día jueves 5 de noviembre el Frente Popular Darío Santillán emitió un comunicado de prensa denunciando la hospitalización de Pablo Solanas, referente histórico del movimiento, por golpes internos, efectuados por personal de la comisaría cuarta de la Policía Federal en la madrugada del 3 de noviembre.

Según el comunicado, “Pablo fue detenido y golpeado cuando se acercó a los efectivos policiales intentando impedir la paliza que le estaban dando la policía a compañeros del Frente de lucha, Antonio Vega y Ezequiel Fernandez, y mediar ante la airada reacción de sus compañeros, en circunstancias que pudieron derivar en una masacre” y agrega, “hacemos responsable de la salud de los compañeros: Al comisario y efectivos de la Comisaria Cuarta de la Policía Federal. Al Jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernandez, que con sus declaraciones deslegitimando los justos reclamos sociales alienta estos hechos, protagonizados por la propia policía que él tendría que controlar. A todos los políticos y desinformadores mediáticos que claman represión contra las organizaciones sociales y editorializan sobre el Estado Apolicial, con el mismo odio de clase que tuvieron en otras épocas de la historia argentina cuando los humildes reclamaron sus derechos y pretendieron intervenir en la politica argentina“, en referencia a los días previos de la Masacre de Avellaneda, el 26 de junio de 2002.