Algo para recordar

Desde la mirilla

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A través de los medios regionales la semana pasada se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la causa conocida como “cámara oculta”. Es posible que para muchos pasara inadvertida, que otros hayan festejado y otros tantos todavía se encuentren en proceso de digestión de lo indigerible.

Por Andrea Lopetegui

Los neuquinos no cautivos de Canal 7 pudimos ver, en diciembre del 2002, al entonces gobernador Sobisch en charla con los diputados Osvaldo Ferreyra (que era vicepresidente primero de la legislatura, Bloque MPN), y el también diputado Jorge Taylor. Sobisch le pedía a Taylor un favor: que “por lo menos” diera quórum (el que necesitaba) para la sesión que trataría las ternas para cubrir las vocalías vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.

Distendido, desparramado en un sillón del despacho de la Casa de Gobierno, a cambio de ese “favor”, el mandatario habló de “contraprestaciones”; eligiendo las palabras se le escuchó decir: “todos saben que yo  cuando… este… acepto… cuando recibo eh… una… una atención… siempre.. este… la… la devuelvo en el momento que es necesario, que me la piden”

TODOS SABEN QUE

Sobre el final de esa reunión (despreocupado, petulante) le dijo a Taylor una y otra vez: “analízalo…”

ANALIZALO

“lo charlamos… lo manejás a través de Osvaldo…” (por Ferreyra)

LO CHARLAMOS

Después vino el lapso de aquella “memorable” negociación de la que -siquiera brevemente- vale mencionar que de llegar más lejos, los organismos por los que eventualmente se hubiera concretado la “devolución” (IADEP y/o BPN) continúan tan “herméticos” y cuestionados como en aquéllos días.

Presente del pasado

Pese al escándalo originado en la denuncia y exposición mediática de registros (esas grabaciones que Taylor colectó con asesoramiento de abogados) Jorge Sapag –que era vicegobernador- no opinaba sobre el tema: según declaraciones periodísticas, su tranquilidad descansaba en la tarea del poder judicial y en la “actitud” de Sobisch frente a las acusaciones. Mientras tanto, Sobisch seguía hablando de reiterar su fórmula con Jorge Sapag, para la reelección de ambos.

Es justo recordar que no sólo la oposición o algún sector de la comunidad reaccionó, sino que al menos Felipe Sapag firmó un documento pidiendo juicio político a Sobisch o la renuncia inmediata, y la expulsión del diputado Ferreyra. También, que el vicegobernador Jorge Sapag trabó en cuanto pudo el funcionamiento de la legislatura, que a instancias de la oposición intentaba utilizar la herramienta del juicio político tanto para Sobisch como para Ferreyra.

Talvez por eso, debiera refrescarse  con nombre y apellido la bochornosa actuación de tantos “representantes” y funcionarios sirviendo a un poder despótico para desvirtuar lo evidente, especialmente la de los que fueron “premiados”, y la de los que continúan en la función pública.

Y conviene incluso rescatar del olvido (para que no se enquiste entre otros “usos y costumbres”) que conforme al artículo 23 (actual 159) de la Constitución Provincial, los acusados de intento de cohecho estaban obligados a acusar a Taylor para vindicarse, bajo pena de destitución: porque ni lo hicieron, ni se les demandó, ni fueron destituídos (Ferreyra -ya sabemos- renunció para evitarlo y Sobisch volvió a ser elegido para gobernar la provincia).

Respecto de la actuación del TSJ, se habló en extenso, y tal como algunos intuían y ahora conocemos, tampoco prosperaron los intentos ante la SCJN: el Procurador Fiscal Eduardo E. Cazal tardó dos años para opinar que se debía desestimar el recurso interpuesto por los representantes de Taylor (en 27 carillas que cuestionan la estrategia o procedimiento de la querella y avalan lo actuado por la justicia neuquina como si se tratara de una institución de la “isla” de Tomás Moro), y otros dos años tomó la SCJN para proceder, como aconsejó el procurador, desestimando la queja por inadmisible en los términos del artículo 280 del CPCyC de la Nación (que en su parte dice: “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.”)

De la lectura del dictamen y sentencia (que insumieron cuatro años del pasado reciente) surgen amargas sensaciones, probablemente fundadas en la falta de formación de esta “columnista” para cuestionar el razonamiento jurídico expuesto. Lo que no obsta para sostener con opinión formada, que la institución judicial adeuda –a través de sus pronunciamientos y entre otras de sus indispensables funciones- el ejercicio de una pulcra docencia. Por ejemplo, a esta altura debiera explicar a qué jurisdicción corresponde resolver sobre el derecho ciudadano de tener funcionarios probos e instituciones transparentes, dónde y cómo debe denunciarse (para que se castigue) la corrupción política, y dónde se reclama por los efectos sociales de una corrupción amparada en jurisprudencia, discrecionalidad y “fallas procedimentales” que incluso bien diagnosticadas, no han servido de cura para la enfermedad.

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