El gobierno apeló en la Corte Suprema el fallo que cuestiona el contrato de Campana Mahuida

Tierra
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El presidente de Cormine, Martín Irigoyen

La Fiscalía de Estado y la Corporación Minera del Neuquén presentaron esta mañana un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que suspende todas las actuaciones relacionadas al proyecto minero de Campana Mahuida.
El fundamento del recurso radica en que el TSJ se atribuyó competencias propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo. “La conducta del Tribunal implica una clara afectación al principio de división de poderes al producir un menoscabo de las funciones atribuidas a las autoridades administrativas ambientales”, establece el escrito firmado por el presidente de Cormine Martín Irigiyen.

El recurso de 40 páginas argumenta también con los propios dichos del defensor de la comunidad. “Tal como lo ha reconocido el letrado de la parte actora, la administración se verá impedida, por varios años, de conocer cual es la opinión de los pobladores del lugar con relación a una actividad de importancia para el desarrollo del área, con lo cual la afectación del interés general se encuentra acreditada”, dice.

Sostienen también que el Tribunal provocó una “una resolución incongruente” ya que “la pretensión cautelar de la actora se limitó a solicitar la medida de prohibición de innovar respeto de la propiedad minera, y sin embargo, el Tribunal ordenó suspender la audiencia pública convocada para el día 30 de Septiembre”.
Además, tanto la Fiscalía como la empresa minera provincial consideran que se violó la garantía, reconocida por distintos tratados internacionales, de la doble instancia, esto es, que todos tienen derecho a apelar las resoluciones judiciales en una instancia revisora, algo que por la manera de decidir del TSJ, en este caso no se permitió.

La argumentación de Irigoyen le permite sostener en su presentación ante la Corte Suprema que la resolución del TSJ es “dogmática y arbitraria por falta de motivación” y además resulta “irrazonable”.

Además, entiende que “la tarea del magistrado no debe limitarse a relatar derechos constitucionales o derechos humanos jerarquizados constitucionalmente, que todos compartimos y conocemos, sino que debe centrarse en comprender que el derecho regula una relación de alteridad y que si se expanden derechos de unos, en la misma medida que se restringen los de otros, la solución debe  centrarse en intentar armonizar los diferentes derechos constitucionales y convencionales”.

Irigoyen sostiene que “la audiencia pública, suspendida por Tribunal, era el medio adecuado para que la actora, todos los habitantes de la localidad de Loncopue, zonas aledañas y cualquier otra persona interesada pudiera participar en la misma”. Y entiende que “si había audiencia publica, había consulta previa” en relación a derecho invocado por la comunidad mapuce en torno al convenio 169 de la OIT. En este sentido sostiene que la comunidad no puede gozar de prerrogativas que violen el derecho constitucional de igualdad ante la ley. Es decir, en la audiencia pública se estaría cumpliendo el Convenio 169.

“Si tenemos en cuenta que el Art. 15 numeral 2 del Convenio 169 de la OIT solo prevé la participación previa al inicio de tareas de prospección y explotación y que la audiencia pública fue convocada con tal carácter PREVIO a la prospección o exploración, no deben quedar dudas de que la actora no cuenta con el derecho esgrimido, siquiera verosímil, y por ello es evidente que el fallo dictado no resulta ser la derivación razonable del derecho vigente aplicado a la especiales circunstancias de la causa”, dirá el joven abogado.

En el mismo escrito se solicita la recusación con causa del doctor Oscar Massei para que no intervenga en la resolución del juicio en el que la Comunidad Mapuce Mellao Morales pide la nulidad del contrato entre Cormine y Emprendimientos Mineros S.A.

La recusación se solicita por entender que el doctor Massei no es imparcial y ha beneficiado a una de las partes, incluso violando las normas sobre ética de los magistrados, al margen de haber prejuzgado al opinar públicamente que los funcionarios del gobierno en el área minera se equivocaron porque debieron hacer la consulta a la comunidad mapuce de manera previa al contrato.

Argumenta esa posición en la reunión que el 23 de setiembre integrantes de la comunidad Mellao Morales mantuvieran a solas con Massei.

El escrito presentado por  Cormine refiere que, incluso, el TSJ resolvió sobre cuestiones que no le fueron solicitadas por la comunidad mapuce y en claro perjuicio a la división de los poderes del Estado.

Documentos para bajar:

Recurso extraordinario

Recusación de Massei

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