La historia de las tierras es la historia del poder

Derechos de la humanidad, Pueblos Originarios, SECCIONES

Mapa_Provincia_Neuquen_Argentina_2El titular del Observatorio de derechos Humanos indígenas, Juan Manuel Salgado, dijo que el gobierno provincial no participa del relevamiento territorial porque “hacer la historia de las tierras en la provincia es hacer la historia del poder en esta provincia”.
En la provincia se han multiplicado las disputas territoriales. Entrevistado por Las dos Campanas, Salgado sostuvo que “hacer los estudios de una manera objetiva destrabaría todo conflicto”. Así se conocería cómo fue la entrega de títulos y se determinaría los lugares de la posesión mapuce respetando los criterios que ha establecido el derecho internacional y que ha reconocido la Corte Suprema.

Sin embargo, señaló que “la actitud del gobierno provincia es negar, hacer que no existen las leyes que no le gustan”. Y eso dificulta que se implementen leyes como la 26160 de relevamiento territorial .

El ex decano de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Unco explicó que “el gobierno prefiere el ocultamiento y el aplastamiento de toda esta política de transparencia como la que define la ley 26.160”.

“La historia de las tierras en la provincia es la historia del poder en esta provincia: cómo se ha distribuido, con qué negociado, con qué amistades, de qué modo se han establecido las relaciones de poder sobre todo en el campo”, pro eso el gobierno provincial pone trabas al relevamiento territorial.

La ley nacional nº 26160 establece un plazo de 4 años a partir del 2006 para que se realicen los estudios necesarios de las tierras y se determine cuáles les pertenecen a las comunidades indígena. “La provincia ha hecho lo imposible para que esta ley no se cumpla acá. Lo habitual es que este estudio se lleva a cabo con la participación del estado provincial. Aquí eso no ocurre. Ha habido innumerable presiones incluso al INAI para que este estudio aquí no se lleve acabo”, resalta el especialista.

Incluso sostiene que la comisión para llevar adelante el relevamiento integrada por el INAI, la Universidad del Comahue y la Confederación Mapuce es “bombardeada saboteada y negada” por le gobierno provincial.

La conquista

Salgado dedicó parte de su entrevista a explicar cómo están operando lo sectores de poder en contra las comunidades. Indicó que a partir de declaraciones del gobernador con “una posición muy particular muy arbitraria” en cuanto a cómo se aplica el convenio 169 de la OIT, “vino una avanzada de distintas formaciones pero que si uno diera vuelta la trama vería cómo están relacionada entre sí”.

“Por un lado, el señor (Carlos) ‘Nuno’ Sapag -cuyos vínculos familiares con el gobernador son obvios- que es el que acaudilla todo este movimiento de los estancieros”, indicó.

Además, se refirió a la presentación judicial realizada por estancieros representados por abogados porteños. “No me voy a referir a los abogados que han contratado, ya lo hizo (Oscar) Massei creo que omitió decir que uno de ellos está procesado por corrupción por su actuación en los años 90, en donde paso del Ente de control, rápidamente, a ser gerente de una de la empresas controladas”. Además, indicó que “ninguno de ellos tiene la menor versación en temas de derechos humanos y ninguna autoridad moral en estos temas: han sido asesores de dictaduras militares y niegan que los tratados internacionales tengan aplicación inmediata, lo cual es muy del gusto de los grupos de poder que son los que le dan vida al gobierno provincial”.

Así concluye Salgado “el gobierno provincial está impidiendo la aplicación de una ley nacional que es la que esclarecería la cuestión de las tierras y al mismo tiempo alentando a grupos de allegados y de favorecidos por la entrega de la tierra durante muchos años en la provincia para que hagan este tipo de presiones”.

El relevamiento

El relevamiento comienza después de mucho tiempo ya que el gobierno provincial pretendió dirigirlo y la Confederación Mapuce se opuso. Por eso, finalmente se estableció la comisión que lo realizará tras la firma en el Consejo Superior de la Universidad del Comahue de un convenio con el INAI participara o no el gobierno provincial.

“En este momento, la Universidad es la que conduce el proceso de relevamiento de tierras, la provincia se han negado no sólo a participar, sino a aportar toda la información y la colaboración todos los registros de catastro, entonces la actividad es muy dificultosa”.

“Es una comisión para el relevamiento creada por una ley nacional con la que la provincia se niega permanentemente a colaborar. Como niega todas las atribuciones que el gobierno nacional tiene por la constitución sobre los pueblos indígenas”, explicó Salgado.

“El relevamiento sin el gobierno provincial igual tiene validez porque es una ley nacional que tiene supremacía sobre las leyes provinciales porque el gobierno nacional tiene competencia para hacerlo. Y el gobierno provincial lo va a tener que obedecer”, señaló.

Pero resaltó que “el gobierno provincial está acostumbrado a la ilegalidad”. Y ejemplificó con el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia respecto a la comunidad Mellao Morales y la mina n Campana Mahuida. “Allí –según Salgado- se les dice al ejecutivo provincia: ‘miren señores aquí dice en forma muy clara que no pueden entregar concesiones mineras o petrolíferas sin consultar con las comunidad mapuce y ustedes lo ignoran completamente’”.

“La actitud del gobierno provincia es negar, hacer que no existen las leyes que no le gustan. Mientras esté esta política de gobierno que ponen los intereses por encima de la legalidad esto seguramente va seguir pasando”.

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