Ética para la república

Desde la mirilla

corrupcionHay un país profundo que aparentemente no es el mismo que el de CFK. En muchas de sus prometedoras “regiones”, argentinos urgidos y hastiados de abandonos autogestionan, mientras demandan, derechos que se entrelazan.

Por Andrea Lopetegui

Pelota de trapo, Red solidaria, Madres del dolor, Poder Ciudadano son sólo algunas de las miles de ong´s o asociaciones que asumen fragmentos de una representación que los tres poderes del Estado adeudan a la sociedad. Tienen mucho en común, y sea que esté implícito o expreso, acaso todas existan como maneras de enfrentar los distintos efectos de una polifacética corrupción estructural.

La “Asociación Civil Anticorrupción” es una de esas organizaciones. Inició su actividad en diciembre de 2005, presidida por el recordado Dr. Ricardo Molinas (que fue Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas) y actualmente por el Dr. Ricardo Monner Sans. Vale la pena entrar a su página para conocer sus objetivos, temas que abarca su labor y las personas que la integran, tanto en funciones directivas como en el Consejo Honorario Nacional. En su “declaración de principios”, entre otros postulados y consideraciones se lee:

“Combatir la corrupción se transforma en exigencia moral, pero fundamentalmente en exigencia política, ya que no es posible pensar en un orden justo o en una sociedad equitativa, con un sistema viciado y carcomido por las prácticas corruptas.”

“La violación de las leyes, el soborno a los funcionarios, el descontrol en el manejo de los fondos públicos, son algunas de las manifestaciones que hicieron posible los males que hoy nos afligen como nación.”

Con fecha 2 de octubre/09 la Asociación presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti que – apenas con variaciones de circunscripción-  podría ajustarse con exactitud a la demanda no escrita al TSJ neuquino o de otras provincias.

Por la responsabilidad que el poder judicial tiene en el sistema (y la devastación que su incumplimiento ocasiona), para todo integrante del poder judicial que conserve o reivindique una reserva ética, el contenido de esa nota debiera tomarse como inexcusable manual de procedimientos. Y debiera también incorporarse a la vigilancia y reclamo del conjunto de la sociedad y del sindicato judicial.

Sin entrar en los temas específicos que se señalan a la CSJN  “…para hacer operativo el accionar del poder judicial…” en la presentación de seis páginas –que no tiene desperdicio- la Asociación se expresa en los siguientes términos:

“Es incuestionable que han existido y existen vigentes innumerables  procesos relacionados con graves hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de elevada jerarquía, de los cuales en el primer caso, el 95% han finalizado por prescripción o muerte de los imputados.”

“De los delitos de corrupción se derivan consecuencias perniciosas que afectan de manera muy directa la efectiva vigencia de los Derechos Humanos. Los casos de abuso de gastos o de mal uso de fondos públicos, generan menoscabo en la condición humana, desencadenando atraso, pobreza, hambre, analfabetismo, enfermedades, desnutrición que actualmente constituyen formas solapadas de exterminio. Todo lo cual facilita –claro está- la destrucción cotidiana y sostenida del futuro de nuestra juventud y perjudica todas las estructuras democráticas de nuestro país. La corrupción es uno de los modos de la antidemocrática distribución del ingreso nacional y ello se evidencia en que, ya desde hace varios años, la última categoría social ha dejado de ser “los pobres”. Por debajo de ellos, están los excluidos de todo derecho, los que no pueden curar su hambre o la salud de sus hijos, los desamparados absolutos.”

“Lamentablemente sigue siendo cierto lo manifestado por nuestro primer Presidente, el Dr. Ricardo Molinas, sobre que “el mayor alimento que tiene la corrupción es la impunidad”. Observamos  consternados que los hechos de referencia se multiplican geométricamente, afectando las mismas estructuras del Estado, deteriorando y/o apartándolo de los objetivos constitucionales que dieron lugar a la organización legal de la Nación y afectando gravemente también la seguridad jurídica y el bienestar general, al impedir la concreción de prestaciones sociales de carácter alimentario para personas en estado de necesidad extrema, por lo cual dichos delitos podrían ser susceptibles de encuadrarse -por su gravedad- en hechos que atentan contra la propia constitución del Estado con la correlativa afectación de los Derechos Humanos, hoy contemplados en la mayoría de las legislaciones de los países organizados.”

En el convencimiento de que “…si la sociedad está decidida a controlar a los poderosos la corrupción no tendría lugar, o por lo menos, no sería el vicio dominante del sistema.”, desde su página Web la Asociación realiza una convocatoria amplia, que “incluye a todos los hombres y mujeres de bien y se propone impugnar desde la sociedad civil las acciones corruptas ejercidas desde el poder.”

Con ese enfoque, y como otras organizaciones, reivindica la esperanza de un país posible: uno que obviamente requiere  la responsabilidad solidaria del conjunto, y el coraje cívico de los intachables.

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