En nombre de la Patria, la familia y la seguridad jurídica

Digo lo que siento

digo-lo-que-sientoNo entiendo bien qué es esto de la seguridad jurídica. ¿Quién la reclama? ¿Para qué? ¿Qué papel tiene el Estado en esto? ¿Es una garantía de derechos o de privilegios? ¿No era el liberalismo que la invocaba para hacer lo que hizo?

Por Fabián Bergero

Casi siempre en esta columna intento dar respuestas. Mejor dicho: consideraciones propias sobre temas controvertidos. Muchas veces esas consideraciones están basadas en datos y otras en la utilización del sentido común. Pero hoy vengo a compartir con la audiencia mi ignorancia. Me declaro total y definitivamente ignorante con respecto a un término que en esta provincia, en este país, se usa mucho, y cuyo significado desconozco. Y ni siquiera el sentido común me ayuda a despejar la duda.

Hablo de la Seguridad Jurídica. No se qué es, pero suena como algo muy serio. A veces creo que se trata de un metaderecho. Es decir de un derecho que está por encima de todos los derechos. Me produce esta idea porque habla de dos derechos fundamentales: el de la seguridad y el de la justicia.

Si uno tomara cada uno por separado, tal vez la cosa no sonaría tan rimbombante. Porque al fin y al cabo, la seguridad se vulnera todos los días de muy diferentes maneras. Y la justicia –ya sabemos- no es para todos ni para todas. Pero cuando se juntan en la esquina seguridad con jurídica, el tema suena gordo.

Seguridad Jurídica era el eslogan fundamental que utilizó en Neuquén el ex gobernador Jorge Sobisch para garantizar a los inversores las condiciones necesarias para invertir.

Por ejemplo: a Luigi Zanón, se le dieron todas las seguridades jurídicas necesarias para que se instale en la zona. Se le dio tierra, créditos, subsidios y beneficios impositivos. A Repsol también. En nombre de la seguridad jurídica se le dio un adelantamiento del contrato de concesión en Loma de la Lata que vencía recién en el 2012, e incluso se le perdonó el impuesto a los sellos.

Ahora son los empresarios –del campo, del turismo- quienes salen a reclamar seguridad jurídica para sus inversiones, y el gobierno les responde afirmativamente con un protocolo de actuación en casos de cortes de rutas u ocupaciones de tierras. También un grupo de “abogados de primera línea” amplificados por un diario local reclamaron la “garantía de tutela judicial efectiva” al Tribunal Superior de Justicia.

O sea: le piden al TSJ seguridad jurídica ante la indefensión colectiva que sufren “personas, familias y bienes de trabajo” por culpa de un Estado que se niega a ejercer “la fuerza legal y legítima que le es privativo”.

Como primera definición podríamos decir que se trata de algo que todos piden. ¡No! Todos no. Algunos.

Un editorial del diario La Nación me ayudó a pensar un poco más en esto del sujeto de la acción. Es decir, del quién es el que pide la seguridad jurídica. Dice un editorial del diario cuyo título es: “Seguridad jurídica para todos: Ciertos reiterados y justificados reclamos del sector empresario, de los cuales ha ido dando cuenta LA NACIÓN, actualizan la trascendencia de un tema que acaso no ha tenido últimamente toda la repercusión que merece (…). Nos referimos al gran tema de la seguridad jurídica, ese concepto tan vapuleado y, sin embargo, de tan vital importancia para cualquier intento de reinstalar al país en la senda del progreso y el crecimiento. Para quienes prefieren emplear un lenguaje más cotidiano, no está de más recordar que la “seguridad jurídica” se identifica, en definitiva, con la “previsibilidad”, condición imprescindible para que los inversores del mundo vengan a nuestro país y se decidan a contratar, a generar empleo o, simplemente, a salir a la calle”.

Está claro: los que la reclaman son los empresarios, los dueños de las tierras y de los medios de producción.

Pero en tren de buscar más respuestas, pensé que el diario Clarín también podría aportarme algo en alguno de sus editoriales. Y lo encontré bajo el título de “Los costos de la seguridad jurídica”.

“La seguridad jurídica es una delicada obra de instituciones públicas y privadas que se articulan de modo tal que logran brindar certidumbre sobre determinados derechos de las personas. Los distintos registros estatales —de inmuebles, de comercio, de propiedad intelectual, de patentes y marcas, etc.—, más la labor de funcionarios judiciales y de escribanos terminan dando la fe pública que garantiza determinada posición jurídica. Es la sociedad en su conjunto la beneficiada por esta trama, ya que así se adquiere tranquilidad y se posibilita la concreción de transacciones y de inversiones. Cuanto mejor funcione este dispositivo menos riesgos habrá sobre la titularidad y extensión de los derechos de las personas sobre los distintos bienes en juego”.

Entiendo. La conjunción entre lo público y lo privado quiere decir –concretamente- que es el Estado el que tiene que garantizar a los privados tal previsibilidad, para que ellos realicen inversiones. O sea que la seguridad jurídica no es para todos ni todas: es para las inversiones, los inversores y sus propiedades privadas. Quien debe velar por esta seguridad, es el Estado. Si no lo hace, es un Estado que no cumple su deber. Y que atenta contra la seguridad jurídica.

Ahora veamos el por qué. Es decir, por qué el Estado debe velar por la propiedad privada. Tal vez sea así porque fue el primer derecho que se legisló. Es una figura que proviene del derecho romano, unos 750 años antes de Cristo. Es decir que por casi 3000 mil años, el derecho a la propiedad ha sido legislado.

En cambio, los derechos humanos son mas nuevos: apenas del siglo pasado: la declaración Universal de los Derechos Humanos –adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en Paris- determina cuáles son los derechos humanos básicos.

Tres mil años unos derechos, sesenta los otros. Podríamos decir entonces que la propiedad privada es un derecho con prosapia.. En cambio los humanos tienen menos años que la nación, por lo que no deben ser tan importantes. Podríamos decir –en este camino de inferencias y deducciones- que se trata de derechos secundarios.

Tal vez por eso, el derecho a la propiedad es superior al derecho –por ejemplo- a tener una vivienda diga. De modo que el Estado tiene que garantizar la seguridad jurídica de los inversores que no construyen viviendas, por sobre el de la gente que reclama que hace 20 años que aquí no se construye una casa.

Incluso debe ser superior al derecho al trabajo, a la salud, la educación, a la dignidad y al respeto laboral. A un salario digno, a la visibilidad, a la justicia.

Tal vez por eso también, el hecho de que Luigi Zanón decidiera declarar la quiebra o que Repsol no hiciera las inversiones que había comprometido, no se consideran una violación a la seguridad jurídica, sino un “incumplimiento contractual”. Seguramente porque el Estado no hizo algo que debía hacer.

Y sin dudas por eso el derecho a la propiedad privada de las tierras cedidas como trofeo de guerra a los militares que llevaron a cabo el genocidio indígena del Desierto y a los empresarios privados que apoyaron  esa campaña, es más importante que el que tienen los pueblos preexistentes que reconoce la Constitución nacional y provincial.

Ahora entiendo lo de la seguridad jurídica. Por un momento pensé que tenía que ver con los derechos de la gente. Pero está claro que no son derechos populares, sino privilegios de unos pocos. Y también me queda claro que en su nombre, el liberalismo más salvaje se instaló en Argentina e hizo los estragos que hizo. Sin embargo, parece que ahora vienen por más.

One thought on “En nombre de la Patria, la familia y la seguridad jurídica

  • Me pareció interesante la nota ya que comparto, entre otras cosas, la tergiversación que se hace del término.
    No obstante cuando se refiere el autor a la editorial del diario La Nación (que no había leído) creo que cae en el mismo error que los empresarios y “amigos del poder” cual es el de ver sólo los derechos propios a sus intereses (el de los empresarios y afines). Cuando hace el recorte de la editorial no transcribe los párrafos que hablan, entre otros conceptos y valores importantes de la Seguridad Jurídica, djuicios sobre la necesaria transparencia en y de la Justicia, de la necesidad de combatir la corrupción, obligaciones, etc.. Considero que haberlo hecho hubiera ayudado a redondear el concepto de “Seguridad Jurídica” y cómo el mismo es utilizado parcialmente, sólo para ayudar a los intereses, propios, económicos y de los amigos olvidándose de la sociedad en su conjunto quien es la que sostiene vivo todo el sistema del cual ellos se apropian sin rubor.

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