El peor camino

Siete días de política

siete diasLa amenaza del gobernador Jorge Sapag, de ser severo ante cortes de ruta, empeora las cosas en una provincia con innumerables problemas sociales y económicos sin resolverse.

Por Marcelo Pascuccio


Independientemente de si tiene que ver con la condena de gobernadores y la presidenta a los cortes de ruta; independientemente si tiene relación con que el candidato a gobernador y diputado nacional Horacio Quiroga corrió por derecha a todo el arco político pidiendo que cada uno diga de que lado está ante el tema; o si el mensaje tiene un destinatario en la interna del partido, el anuncio del gobernador Jorge Sapag sobre el endurecimiento del gobierno ante los cortes de ruta, es el peor camino.

Sapag advirtió que será más “severo” con los cortes y anunció que se negará a negociar con los manifestantes mientras mantengan dicho método de protesta. Sobre el corte de ruta como forma de reclamo dijo Sapag, “es perverso y ocasiona un gran daño principalmente en zonas turísticas generando la perdida de inversiones”.

En realidad no es una novedad en un país en que los gobiernos suelen privilegiar el derecho a la actividad privada por sobre cualquier otro derecho. Lo novedoso es que se proponga un enfrentamiento entre los habitantes, por lo menos esto sugiere el gobernador de Neuquén en otra parte del mismo discurso, cuando convocó a la población a “darle un fin entre todos” a los cortes de ruta, “no solamente desde el Estado, sino también desde las organizaciones de la sociedad”.

El peligro deviene en que el gobierno provincial no da soluciones a profundos problemas que esperan ser resueltos: hay miles de subsidios por desempleo y programas que no se pagan y que en algunos casos registran atrasos en los pagos de hasta 5 meses -en este caso sí es verdaderamente perverso que a los que menos cobran se les pague con 150 días de atraso-; miles de personas enfermas no encuentran cobertura en el sistema público de salud, otros tantas afiliadas al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) tampoco; comunidades originarias y campesinas amenazadas con ser desalojadas para dar lugar a empresas petroleras, mineras y grandes terratenientes, y los futuros tarifazos que Sapag pidió para que las petroleras facturen más y así aumente lo que vuelve a través del flaco 12% de regalías son sólo algunos de los motivos por los que la gente tiene derecho a quejarse.

Si ante esta realidad el gobierno dice que nadie se queje cortando la ruta y el diálogo que dice tener la gestión no resuelve los problemas, ¿cual será la forma para ejercer el derecho a reclamar vivienda digna, trabajo genuino, asistencia social y salud pública?

El corte de ruta suele ser la medida extrema tomada luego de intentar todos los otros caminos, pretender que dicha protesta no moleste es al menos una ingenuidad. La medida extrema tiene en su concepción, ante todo, molestar para ser escuchado, para hacer visible la denuncia de un derecho esencial vulnerado.

El choque de derechos

Resulta ya un lugar común el argumento de que el derecho al reclamo no puede cercenar el derecho a transitar. Habrá que decir que ningún derecho es absoluto y en todo caso nadie debe arrogarse la potestad de ser quien defina cual de los derechos es más importante, al menos sin estudiar cada caso particularmente.

Roberto Gargarella, Doctor en Derecho y prestigioso profesor de Derecho Constitucional de la UBA, escribió para Página 12 sobré cómo el derecho debe actuar al respecto, “Según entiendo, el derecho debe tomar en cuenta fundamentalmente dos criterios al momento de decidir en tales situaciones de protesta. Primero, debe prestar atención a la gravedad del derecho afectado (el derecho que da razón a la protesta). Segundo, debe examinar qué alternativas razonables tiene el grupo que protesta para hacer conocer a los demás -y especialmente a las autoridades públicas- dicha afectación de derecho, y favorecer así el remedio de la situación que padece.”

La primera pregunta que nos propone y propone a los jueces Gargarella, sobre los derechos vulnerados que dan razón a la protesta, convengamos, no está incorporada en el análisis de periodistas, políticos y jueces ante un corte de ruta. Se suele reducir la visión del hecho a expresiones tales como, “aquí se cortó una ruta y por ende se ha cometido un delito” o “aquí hay un corte de ruta que impide el derecho al tránsito”. Al respecto Gargarella concluye, “no significa que los desempleados puedan protestar de cualquier modo, en cualquier caso: otra vez, importará conocer, siempre, los detalles del caso. Pero tampoco se infiere que los automovilistas no tengan derechos. No, lo que se afirma es lo opuesto: los jueces no pueden actuar como si sólo ellos los tuvieran.

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