La Confederación Mapuce le responde a Mendiberry

Política, Pueblos Originarios, SECCIONES

mapucheEl werken (vocero) de la Confederación Mapuce de Neuquén, Jorge Nahuel, denuncia que existe una estrategia premeditada del gobierno para que las comunidades indígenas de la provincia no puedan acceder a la personería jurídica y así favorecer el avance de la explotación de hidrocarburos sobre sus tierras.

Uno de los focos de conflicto, que alcanzó repercusión pública esta semana, es  el del predio de la Petrolera Piedra del Águila, donde desde hace dos años se encuentra asentada la comunidad Curruhuinca, que reclama su derecho de posesión sobre esas tierras.

El martes la policía provincial realizó un operativo en el lugar para permitirles el ingreso a los trabajadores de la empresa, que les había sido bloqueado previamente por los mapuces.

Tras los hechos, el subsecretario de Hidrocarburos, Energía y Minería, Héctor Mendiberry, esgrimió distintas explicaciones para deslegitimar el reclamo que viene llevando adelante esa comunidad. “Esta gente no es originaria del lugar, sino que por lo que tengo entendido ha venido de la provincia de Río Negro y ocupado estos campos que ahora reclama”, señaló.

También sostuvo que la comunidad Curruhinca no se encuentra asentada en el registro de Personería Jurídica provincial y por lo tanto ni siquiera puede ser reconocida como tal por el estado neuquino. De esta forma, su reclamo carece de cualquier valor legal.

Ayer por la mañana Jorge Nahuel salió a desmentir los dichos de Mendiberry en el programa radial “La Palangana” -FM Universidad Calf-, y afirmó que se trata de una maniobra planificada de antemano y con fines muy precisos.

“No es casual que desde el 97 la Dirección de Personería Jurídica se niegue a registrar a las comunidades mapuces”, acusó. Y agregó que ni siquiera se está hablando de “reconocerlas”, sino simplemente de su registro lo cual es un deber constitucional.

Según explicó, las dificultades que viven actualmente tienen su origen en un decreto de la era sobischista que no solo estipulaba una serie de características específicas que debían cumplir las comunidades mapuces para poder ser reconocidas, sino que además fijó de manera caprichosa e injustificada un plazo para su inscripción en el registro de de Personas Jurídicas, lo cual obligó a muchas familias a quedar fuera del ámbito legal.

Señaló que de la totalidad de comunidades existentes en la provincia solo 38 están inscriptas y que hay otras 19 que “según el criterio del gobierno, son absolutamente clandestinas”. En el caso específico de los Curruhinca, informó que gozan de plena identidad jurídica reconocida por el Estado Nacional y que hasta el Ministro de Justicia, Educación y Cultura, Jorge Tobares, admitió su estatus legal a través de una resolución.

Hay una intención premeditada para dejar sin personería a los mapuces, sobre todo los que hoy están enfrentados a emprendimientos extractivos -afirmó-. Son un obstáculo para las intenciones del gobierno y ellos pensaron que le podían otorgar las concesiones a las empresas con las comunidades adentro. Es todo parte de una estrategia para facilitar la explotación de los recursos sin que haya ningún tipo de inconveniente”

Sin embargo, aclaró que “el sistema vigente nos da enormes herramientas porque la comunidad, aún sin titulo de propiedad, tiene absolutos derechos territoriales. La Constitución reconoce la propiedad y posesión tradicional de las tierras ocupadas por los indígenas, por el hecho de haber estado instalados ahí desde hace décadas”.

Nahuel también se explayó sobre la reciente resolución de la Dirección Provincial de Tierras, que acaba de declarar caduco el permiso que la había otorgado a la familia Curruhuinca sobre las tierras que están ocupando. “Es una aberración jurídica –opinó-. Siguen parados como hace 20 años atrás cuando los mapuces eran fiscaleros y estaban en un lugar en calidad de permisionarios. Están desconociendo absolutamente todos los avances de derechos que ha habido en este sentido. Constitucionalmente, hoy en día la posesión tiene tanto peso jurídico como el título de propiedad y así lo tendrán que interpretar los jueces. Tarde o temprano”

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