El desarrollo de la comunidad, otra mentira…

Minería, SECCIONES

una-mina-a-cielo-abiertoFuentes de trabajo, buenos salarios, progreso, mejoras en la calidad de vida de los habitantes del lugar y todo tipo de bondades promete el gobierno provincial para ganarse el apoyo y la complacencia de la sociedad respecto al proyecto de instalación del yacimiento minero en Loncopue.  Sin embargo, de lo único que se tiene evidencia hasta el momento es de los desastres ambientales y sociales que resultan como consecuencia de este tipo de explotación. Ante la falta de argumentos para rebatir información con respaldo científico, el gobierno se ve forzado a caer en la mentira.

Raúl Poltroneti, Secretario General de la Asociación Minera Argentina en el yacimiento minero de Sierra Grande –Río Negro-habla desde sus años de experiencia como obrero en ese lugar y pone, como mínimo, un manto de duda sobre los spots radiales que, haciendo gala de una gran perversidad, le endulzan los oídos a muchos neuquinos.

Su testimonio adquiere aún más valor si se tiene en cuenta que el treinta por ciento de las acciones de la Empresa Minera MCC Sierra Grande son propiedad de “Emprendimientos Mineros”, la firma que pretende instalarse en Loncopue.

Entrevistado por La palangana –Radio Universidad Calf- Poltronelli fue lapidario con uno de los caballitos de batalla de la campaña pro minera: la generación de empleo. En primer lugar reveló que los sueldos que paga la empresa instalada en Sierra Grande distan mucho de lo que habitualmente se pregona desde el ámbito oficial, y en algunos casos hasta se ubican por debajo de lo que estipula el salario mínimo vital y móvil.

Según indicó, un obrero cobra solamente entre 1360 y 1500 pesos. Pero el panorama es aún más turbio ya que hasta el día de de hoy la empresa además se rehúsa a pagar un aumento dispuesto el 8 de junio de este año.

Por otro lado, la tan celebrada creación de fuentes de trabajo para la población local que traería consigo prosperidad y desarrollo económico a la ciudad, parece no ser más que otra falacia.

Hoy ya es muy poca la gente que queda de la localidad”, aseguró Poltronelli. Del 2005 a la fecha, ya son más de 300 los trabajadores del yacimiento que se han visto forzados a migrar hacia Santa Cruz y otras regiones mineras tentados por los mejores salarios. Para suplir esta carencia de mano de obra, la empresa ha recurrido directamente a la contratación de trabajadores de origen chino, y peruanos en algunos casos, violando así la legislación vigente que fija el cupo de trabajadores extranjeros en un 20 % del total del personal. Según informó, en Sierra Grande este número ya supera el 40 %.

Respecto a las condiciones de trabajo, sus apreciaciones también fueron muy duras y apuntó los cañones principalmente hacia la falta de un control responsable por parte del estado. “Ni el gobierno de la provincia ni la Secretaría de Trabajo han llevado adelante un seguimiento de este emprendimiento. El tema de seguridad e higiene ha sido un desastre. En ese sentido tenemos un montón de denuncias. Y también está el tema de las mujeres que han sido víctimas de un acoso laboral constante. Llevamos cinco años trabajando en un yacimiento que no sabemos adonde va a terminar y lamentablemente cuando se habla de la apertura de la mina, deja mucho que desear”.

 

Malos augurios

 

La empresa en cuestión también se vio involucrada hace un par de años en un resonado caso de contaminación como consecuencia de su accionar negligente y poco respeto por las normas de seguridad. En octubre de 2006 delincuentes ingresaron sin demasiadas complicaciones a un depósito de su propiedad ubicado a tres kilómetros de la ciudad, donde se encuentran alojados 74 transformadores con PCB, con la intención de robar el cobre de los contenedores.

Durante el hecho se produjo el derrame de 150 litros de esa sustancia altamente contaminante y cancerígena. Increíblemente y a pesar de los riesgos, el lugar no estaba cercado, tampoco había personal de vigilancia y ni siquiera tenía carteles que alertaran sobre el líquido allí almacenado. Toda la seguridad consistía en una puerta de madera y un candado. Un antecedente poco feliz para una empresa que deberá encargarse del manejo de sustancias tóxicas que ponen en riesgo la vida de la población.

“El uso de químicos para separar los metales es un proceso complicado –alertó-, requiere de una inversión muy grande, de muchos millones de dólares para que no se sienta el impacto ambiental. Entonces las personas encargadas de controlar tienen que actuar en consecuencia. A veces, por pretender que se instale una empresa, porque va a requerir mano de obra, se pasa por alto lo que va a quedar dentro de diez o veinte años, una vez que deje de funcionar la mina. Las consecuencias quedan y eso no tiene reparación”.

 

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