De estancias y boliches

Desde la mirilla

desde-lamirillaEntre otras cosas, la estructura ministerial  es el carril por el que llegan a sus destinatarios (o no) las políticas de gobierno: cada centavo de los fondos públicos que se invierte o evapora, atraviesa la inteligencia o indolencia de ese diseño o laberinto.

Por Andrea Lopetegui

Tras meses de rumores sobre cambios de gabinete y tibias confirmaciones de “borradores”, asomó la remisa información que el Ejecutivo permitió (y el 18/09/09 se hizo público(1)) el texto del decreto 1772 -promulgado, según se lee, diez días antes- que modificó la Ley Orgánica de Ministerios.

Sin cuestionar el hecho de darse una organización -que es tanto una atribución como un deber- se podría señalar la decena de “desprolijidades” que exhibe ese decreto: detalles que pasan desde simples errores de tipeado hasta la vinculación directa que la ministra Zulma Reina tendrá (por competencias(2) que el decreto le asigna) con la Fiscalía de Estado en la que su hijo se desempeña como Fiscal adjunto; o la falta de determinación de la “órbita y competencia” en la que debe encuadrarse “Fiduciaria Neuquina S.A.” (cuando, las restantes de ese “extenso rubro” -BPN S.A, IADEP, HIDENESA, etc- como corresponde, se han establecido).

Por encima de eso, el decreto representa un avance –en reversa- respecto a la legitimidad de las normas provinciales, fundado en un antecedente que debiera figurar entre los récords de Sobisch: en sus ocho años de gestión ininterrumpida, propuso –y se votaron- ocho leyes(3) sobre el tema: siete de estructura ministerial y una modificatoria.

La extraña inquietud que llevó a Sobisch a esa “movilidad” acaso hizo buscar el “atajo” que en diciembre de 2003 (siendo Jorge Sapag vicegobernador)  se plasmó por primera vez en una esas ocho leyes, la 2450 que, contra lo que establece la Constitución (artículo 189), facultó al poder Ejecutivo “a modificar la estructura ministerial por decreto…”.

En aquél entonces, diputados de la oposición cuestionaron esa delegación de facultades del poder Legislativo que el oficialismo y aliados hicieron “en favor” del Ejecutivo.

Sin inmutarse, y como se entiende la progresividad en términos del MPN, aquél texto se fue “perfeccionando” hasta el actual artículo 35 de la ley 2571 en el que Sapag encuadra el Decreto 1772; y dice algo más que bien conoce: “Que la única limitación que tal norma prevé en forma expresa, en cuanto al ejercicio de dicha facultad, es la imposibilidad de aumentar el número de ministerios o secretarías de Estado” (sic), “olvidando” que desde 1957 el artículo 12 de la Carta Magna impone otras limitaciones: las de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de delegar, arrogarse, atribuirse o ejercer más facultades que las expresamente acordadas por la Constitución y leyes que reglamentan su ejercicio.

Recuperado del lapsus amnésico, en el tercer considerando del decreto 1772 el Ejecutivo dice estar “guiado por los principios de eficacia, eficiencia, descentralización y desconcentración establecidos en nuestra Carta Magna Provincial…” y  –ya bajo la guía de Maquiavelo- afirma que “es necesario ejercer tales prerrogativas con el objeto de readecuar la estructura orgánica funcional mencionada, a los fines y objetivos de gobierno del Estado Neuquino”…

“Objetivos de gobierno”

Veintiséis años de permanencia ininterrumpida en el gobierno -con funcionarios “unas veces allí, otras allá”- no hizo de esa ventajosa experiencia un proceso de mejoras continuas traducidas en beneficio de los gobernados. Las mandas incumplidas de la constitución -demasiado extensas para enumerar- certifican lo contrario (especialmente para los obligados a lidiar con lo caótico de áreas como salud, educación, vivienda, acción social, seguridad, servicios públicos, etc.).

Sobre esas bases, la cuestionada legitimidad -amén de imprevisión, duplicidad de funciones, incongruencia y dispendio- de las normas aquí referidas se evidencian como propósitos implícitos de ineficacia y desorden. Y por la experiencia ya se sabe: ni auditorías, ni fiscales probos ni jueces independientes podrán siquiera husmear lo que por encima de las reglas, se naturaliza incontrolable.

(1) Anexo del Boletín Oficial N° 3158 del 18/09/09

(2) “• Asistir en los aspectos funcionales pertinentes de la Asesoría General de Gobierno y de la Fiscalía de Estado de la Provincia.” (de las competencias y funciones fijadas en el art.12 Decr. 1772/09)

(3) Leyes N° 2292, 2347, 2352, 2396, 2404, 2450, 2487, 2546.

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