Discrepancia del gobierno en torno a ley de relevamiento territorial indígena

Pueblos Originarios, SECCIONES, Tierra

090713Tobares3491El ministro Tobares consideró que es función del estado dirigir las tareas de relevamiento territorial que prevé la ley 26.160. Las mayores diferencias son con la Confederación Mapuce Neuquina, indicó.

 

 

 

 

Desde el gobierno neuquino han asumido una posición firme respecto al rol que les cabe en la implementación de la ley nacional 26.160, que establece el relevamiento de los territorios indígenas, y no piensan dar marcha atrás con su postura. “No pudimos llegar a un acuerdo acerca de quien debía coordinar la implementación de este programa –explicó hoy en declaraciones a la prensa el ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Tobares-. Nosotros consideramos que es el estado el que debe asumir esa responsabilidad”.

En  búsqueda de una solución, se llevaron a cabo reuniones con las distintas partes interesadas en el conflicto. De los encuentros participaron autoridades del gobierno nacional pertenecientes al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –Inai-, representantes de la Universidad Nacional del Comahue –UNC- y de la Confederación Mapuce Neuquina. 

El funcionario dijo que sin bien se alcanzó algún grado de entendimiento, en lo referente a la coordinación de las tareas fueron inflexibles. “No hubo un entendimiento fundamentalmente con la gente de la Confederación –puntualizó- y por lo tanto nosotros esa posición no pretendemos resignarla. El estado tiene roles que no puede relegar. Fijamos una posición clara y la mantenemos hasta el día de hoy”.

La ley 26.160 fue sancionada en 2006 y establece un relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras de la provincia que permita determinar que zonas de la provincia habían sido ocupadas ancestralmente por las comunidades mapuces.

Tobares también consideró que la responsabilidad de coordinar el ETO –Equipo técnico operativo- encargado de llevar adelante la tarea debe pasar exclusivamente por manos del estado. “No queremos tener una posición de parte con respecto a ninguno de los actores –agregó-. El estado tiene que estar en el centro del escenario articulando los intereses en conflicto”.

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