Mapuce denuncian a Neuquén ante la ONU por abusos y discriminación

Pueblos Originarios

Mapuce contra la explotación petrolera en Loma de la Lata
Mapuce contra la explotación petrolera en Loma de la Lata

La Confederacion Mapuce del Neuquén solicitó la intervención de las Naciones Unidas para frenar los abusos, la discriminación y la criminalización de los pueblos originarios.

La Conferederación Mapuce presentó una denuncia ante la Relatoría de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, en la que narran la grave situación que viven los pueblos originarios de la provincia de Neuquén y en donde solicitan diversas acciones para corregirla. Acusan al gobierno provincial de discriminación y maltratos y a la justicia de desconocimiento de los derechos de estos pueblos.

La denuncia fue presentada por el Elías Maripán, el Lonko de la Confederación, y por el abogado Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Allí se acusan hechos concretos de discriminación racial y falta de respeto a la identidad cultural mapuce por parte del gobierno de Neuquén “especialmente en los ámbitos de la administración de justicia, la educación, la salud, la administración municipal, la legislación general y los regímenes de tierras fiscales y recursos naturales”.

También la falta de titularización de territorios comunitarios “con la consecuente ausencia de protección de los derechos territoriales frente a los avances de los apropiadores ilegítimos, las empresas extractivas, las corporaciones turísticas y forestales”.

Desconocimiento

En la nota dirigida al Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, se critica el desconocimiento sistemático por parte de la justicia de las normas de derecho de los pueblos originarios.

En este sentido, se acusa la existencia de desalojos compulsivos de tierras, desconocimiento de los derechos sobre esas propiedades y criminalización de los reclamos por estos motivos.

Por otra parte, los pueblos mapuce denuncian que ha habido una “ampliación de las actividades petroleras, mineras y forestales en territorios indígenas” sin que tales explotaciones contaran con el consentimiento “libre, previo e informado” que establece la Constitución provincial. “Esto provoca el agravamiento de las condiciones ambientales ya que los territorios tradicionales se encuentran contaminados y la continuación y ampliación de la explotación involucra una profundización de esta situación”, dice el documento.

Relato histórico

El documento –que se adjunta a este artículo- habla del contexto histórico que enmarca la situación actual, que va desde la “campaña de exterminio” a la que se denominó “Conquista del desierto”, hasta la organización del estado neuquino “que carecieron de toda referencia a la presencia y participación indígena, y el sistema político se organizó sin posibilidades de dar lugar a forma alguna de representación colectiva”.

“Esta estructura estatal –dicen- subsiste hasta hoy prácticamente inalterada y en ella se educaron y formaron los gobernantes y funcionarios que realizan las decisiones cotidianas en que se expresa el poder público, de modo uniforme y coherente con las pautas del Estado y el derecho “blancos” que expresan la imposición de la etnia invasora”.

Acusan que a pesar del contenido de las constituciones nacional y provincial, y a los tratados y Pactos firmados por el país “ninguna ley, decreto o institución provincial recepta la participación mapuce en alguno de los ámbitos que a este Pueblo afecta. Para los funcionarios del Estado tales normas son consideradas como enunciados de “buenos propósitos”, carentes de contenido obligatorio. Ni la educación, la salud, la administración municipal, la legislación administrativa o procesal y los regímenes de tierras fiscales y de los recursos naturales tienen en cuenta la presencia, mayoritaria en algunas áreas, del Pueblo Mapuce”.

Sostiene que el estado neuquino “no ha adoptado en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter, necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de los territorios Mapuce, acorde con la realidad de este pueblo y que contemple las posesiones tradicionales” y que “decenas de Comunidades en la provincia carecen de tierras suficientes y más aún de tierras productivas”. Las propiedades –dicen- son tierras áridas e infértiles.

Sin embargo, ahora esas tierras son codiciadas por inversores privados debido a sus recursos estratégicos. Esto –explican- “impulsa el despojo final del territorio ancestral, para lo que implementan una increíble cantidad de estrategias directas e indirectas. El Estado, al negar la titulación, ha logrado colocar a los mapuce en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a los embates de quienes se autodenominan “propietarios” de las tierras, ya sea el mismo Estado, particulares o las diversas administraciones”.

Titularidad

Con respecto al reconocimiento de la propiedad de la tierra, el documento explica que de las 54 comunidades con personería jurídica inscripta sólo cuatro tienen completamente tituladas sus tierras. “Las restantes carecen de reconocimiento o éste es parcial”.

Incluso menciona la situación planteada a partir de la ley 26160 que declara la emergencia en materia de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas. La norma prevé un relevamiento nacional de tierras se ha realizado en muy pocas provincias. En Neuquén aun no comenzó, dicen.

Causas penales

Otro de los ítems incluidos en esta denuncia general, habla de la penalización de las protestas mapuce. “Actualmente son 32 las causas penales en proceso en las que se encuentran imputados más de 150 autoridades y miembros del Pueblo Mapuce. De las 32 causas, 19 son imputaciones del delito de usurpación y las restantes son formas varias de desobediencia y resistencia a la autoridad. En contraste, no se encuentra imputada ninguna de las personas que ocuparon tierras indígenas o extrajeron sus recursos, todas del grupo étnico dominante. Además hay 19 juicios civiles, principalmente por desalojo”.

Como se siguen librando órdenes de desalojo contra los pueblos que ocupan tierras ancestrales, “En todos los casos en que las comunidades indígenas resisten las órdenes judiciales y continúan en la posesión de sus territorios, la respuesta estatal consiste en la persecución criminal y el procesamiento personal de los miembros de los pueblos indígenas”.

Por otra parte, el documento afirma que hay 16 comunidades que “sufren la explotación y la exploración tanto de petróleo como de gas, al interior de sus territorios. Sin embargo, durante los años 2008 y 2009 se renovaron anticipadamente las concesiones a empresas extractivas y se otorgaron nuevas concesiones y permisos en territorios mapuce”.

Información al relator final pdf

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