Plan de Seguridad: “La calle es para los honestos”

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Se gastaron millones de dólares en su nombre, pero nunca se había conocido el texto completo del Plan Integral de Seguridad de la provincia. (8300) accedió al documento reservado. Alli se propone atrapar y encerrar al delincuente a través de una policía super capacitada y pertrechada. Traza un perfil exacto del actual o potencial malviviente, que es –aunque usted no lo crea- pobre.

Por Fabián Bergero y Eduardo Marchetti

El Plan Integral de Seguridad (PIS) fue anunciado hace poco más de dos años por el entonces ministro de Seguridad y Trabajo de la provincia, Luis Alberto Manganaro, entre bombos, platillos y trompetas de la banda de policía. En el inicio de la tercera gestión de Sobisch, el ex presidente del Banco Provincia de Neuquén aseguraba que se trataba de un programa único en toda Latinoamérica.

Con el tiempo, se fueron conociendo algunos detalles de ese plan que –pese a que generaba el orgullo de sus autores- jamás fue exhibido en su totalidad. Se convirtió en un documento “reservado”, que se manejó dentro del ministerio con exagerado celo.

Lo único que se conoció de este PIS, fue su lado más impúdico: la compra directa de helicópteros para pasear funcionarios, de cámaras montadas inútilmente en el centro, una central única de emergencias 911 que no funciona, 200 patrulleros y otros gastos sin licitación que se llevaron –por lo menos- 50 millones de dólares de los neuquinos, según confesó el propio Sobisch a su periodista amigo, Mariano Grondona. La otra faceta conocida fue el resultado del accionar policial en Semana Santa, cuando mató a Carlos Fuentealba.

Después de tanto buscar, (8300) accedió al documento completo del Plan de Seguridad, caratulado como “Reservado”, y fechado el 9 de octubre de 2004. Allí se explayan las ideas centrales de un programa que pretende ubicarse en una tercera posición entre “la mano dura y el garantismo”; que asegura que es necesaria la integración de la fuerza policial pública con las agencias de seguridad privadas y propone “terciarizar” servicios; que afirma que el objetivo principal no es tanto aumentar la seguridad como bajar la “sensación de inseguridad”; que considera necesaria una modificación legislativa que incluya la reforma de la Ley 2302; que traza un perfil del delincuente estándar y que enfatiza que las calles neuquinas deben ser “sólo para los ciudadanos honestos”.

Cuando el gobierno de Jorge Omar llega a su fin sin que se hayan puesto en práctica ni la mitad de sus postulados, queda saber qué hará Jorge Augusto con este paquete, que ni siquiera la ex ministra Susana Arévalo quiso continuar.

Ideas se compran

El gobierno de JOS se caracterizó por la falta de ideas y el exceso de dinero. Por eso no hubo empacho en comprar ideas de “expertos” en la materia para redactarlo. Y no fue a través de un aviso en La Mañana del Sur que lo encontraron, sino a través de una red de conexiones que tenían en el otro extremo a Mauricio Macri, su principal socio político y económico de antaño.

Eugenio Burzaco (futuro ministro de Seguridad de Macri) fue el hombre contratado para el diseño de este plan. Fuentes del ministerio de Seguridad, aseguran que Burzaco trabajó durante dos años -hasta 2005- en el diseño del PIS, y que allí volcó sus mejores ideas, obtenidas a través de su formación en exclusivos colegios secundarios y universidades privadas, un posgrado en Economías y Políticas Públicas, y otro en una de esas universidades estadounidenses en donde las políticas públicas se miden con variables economicistas

Datos duros y sentimientos

La primera parte del documento es un engorroso compilado de estadísticas policiales, que dan cuenta de la evolución del delito en la provincia comparándola con la de otros distritos. Tiene datos del 2002, otros del 2003 y unos pocos del 2004.

Demuestra que Neuquén tiene (en 2003) la tasa de delitos más alta del país (tomando la cantidad de delitos por cada cien mil habitantes), pero que “sin embargo, la provincia posee una cantidad significativamente menor de delitos que las provincias con mayor cantidad de estos hechos” (sic), como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Mendoza.

El segundo capítulo está dedicado a la “dimensión subjetiva de la inseguridad y la agenda de demandas sociales”, que está basado en una “encuesta de victimización” que mide “sentimientos, emociones y miedos que tiene la población a partir de su percepción sobre la delincuencia”.

Para realizar esta encuesta, se contrató a la empresa W. Tracking Group – Consultores y Estudios de Mercado, famosa por haber realizado… como tres encuestas: una para gobernador e intendente en Neuquén, otra para ver quién sería gobernador en La Pampa, y otra para las cabañas “Casa del Bosque” de Villa La Angostura (donde demuestra que “Casa del Bosque es una de las marcas que mas recordaba la gente en su paso por la Villa”).

La realizada para justificar el PIS, fue una encuesta “domiciliaria” ajustada a cuotas de sexo y edad” que se realizó en once localidades neuquinas entre julio y octubre de 2004. Esos son todos los datos y antecedentes del sondeo que constan en el trabajo.

Lo más importante que descubre este relevamiento es que si bien apenas el 12 por ciento de los habitantes de la provincia fue victima de delitos, el 71,3 por ciento consideraba que los delitos “aumentaron” en comparación con el año anterior. Y asegura el documento: “independientemente de que los delitos efectivamente hayan aumentado o no y de los motivos por los cuales la población considera que el delito se incrementó (impacto de los medios masivos de comunicación, sensación de inseguridad generalizada en todo el país por el fuerte impacto de delitos mediáticos como los secuestros, etc.), resulta evidente que este es uno de los puntos importantes sobre los que se debe focalizar la gestión” de seguridad.

O sea: “es tan importante reducir los delitos como que esta reducción sea acompañada de una mejora en la percepción que tienen los habitantes sobre la evolución de la delincuencia”, señala el documento.

Los pilares del plan

La consigna con la que Burzaco saltó a la fama (?) es la que titula su primer libro en la materia: “Mano Justa”. Justamente, el PIS Neuquino refleja ese pensamiento, pero con otras palabras: “Ni tolerancia cero, ni garantismo” (ver Vigilar y Castigar).

“Ninguna de las principales corrientes en materia de seguridad, el garantismo y la tolerancia cero, tienen la capacidad de solucionar de manera sustentable el problema”, afirma. Entonces plantea un nuevo modelo de policías, que se llama “Problem Oriented Policing” o –para que sea más claro- “Problem Solving Policing”, combinado con la Policía de Proximidad.

Lo que pretende (usando la terminología del PIS) es que los policing en la calle deberían “identificar las conexiones entre delitos o incidentes -rastreando los patrones comunes en cuanto a la localización, horarios, modus operandi y personas involucradas-, se familiarice con los factores causantes de ellos, y desarrolle las soluciones más apropiadas para modificar las causas de dichos problemas” (sic). Poblete ¿habrá ejecutado todo este proceso mental antes de descerrajarle un tiro en la cabeza por la espalda a Fuentealba?

Supuestos

El perfil de este nuevo accionar policial se basa en algunos supuestos interesantes. Por ejemplo:

  • Que la delincuencia se encuentra altamente concentrada en determinados grupos o personas, llamados “grupos de riesgo”, y “zonas de riesgo” o “hot spot”. Relata estudios internacionales (de los cuales no hay referencias concretas) que demuestran que “un mínimo porcentaje de la población es responsable de una amplia mayoría de los delitos” y que estos delitos ocurren “en determinadas zonas geográficas”.
  • Que antes de cometer un delito “las personas realizan una evaluación de costo-beneficio: la comisión de un delito es un negocio cuando las oportunidades de escapar son mayores que las de ser atrapados”.
  • Y que en determinadas “hots spot”, los “policing” pueden disminuir el delito estudiando las características y problemas del área. Por eso propone capacitar al personal policial (por lo menos habría que enseñarles inglés para que entiendan de qué se trata el plan) y también comprar autos y camionetas (son elementos esenciales para la capacidad y calidad del servicio, dice); motos (“son medios de transporte ágiles y veloces”, afirma); uniformes y equipos de protección; equipos de comunicaciones; equipamiento informático; embarcaciones y (cha chan, cha chan…) helicópteros: “una de las principales muestras del espíritu innovador que se quiere imprimir a la fuerza” (o “force”, usando la terminología del PIS).

Estos agentes vestidos como Robocop, saldrán a la calle para actuar en las zonas de riesgo (“degradadas”, dice), y centrarán su accionar en los grupos de riesgo que –según el Plan- integran hombres, de entre 15 y 24 años, excluidos del mercado laboral y del sistema educativo; que viven en un entorno violento; hijos de individuos privados de la libertad; con antecedentes criminales que volvieron a su comunidad “sin las herramientas para reinsertarse socialmente”. También son riesgosos los drogadictos actuales, pero además los “potenciales” (¿?). Finalmente, estos delincuentes viven en asentamientos precarios y zonas aledañas “cuyas condiciones de vida constituyen un factor que favorece el surgimiento de actividades criminales”.

Siguiendo el Plan, hasta ellos llegará el policing altamente equipado, capacitado para “solving problems”, quien contará con dos apoyos fundamentales:

1) el de las agencias de seguridad privada (que trabajarán, se capacitarán y entrenarán en forma conjunta), y

2) el de “la comunidad entera” que “cooperará con las autoridades del Gobierno de la Provincia, brindándoles información” sobre delitos y problemas barriales.

Las grandes líneas

El plan plantea la capacitación y el equipamiento policial, la actividad conjunta con empresas de seguridad privada, y el trabajo en zonas “degradadas” en donde viven “personas riesgosas”, que el PIS define claramente.

Las grandes líneas de trabajo de este Plan son 6:

  • Plan de intervención inmediata. Plantea “desmalezar y sembrar de nuevo” en ciertas zonas calientes, “degradadas” y con poca presencia del Estado.
  • Plan de modernización y reingeniería policial. Propone crear la policía de proximidad para actuar en zonas calientes con los grupos de riesgo. También comprar autos, motos, computadoras, lanchas y helicópteros. También un nuevo programa de recursos humanos, la terciarización de servicios policiales y la construcción de nuevos edificios.
  • Plan de fortalecimiento institucional del sistema de seguridad. Pretende crear una agencia de información y estadísticas criminales, una línea gratuita de denuncias contra corrupción (no incluye a funcionarios), un Consejo de Seguridad Ciudadana y la creación de la Central Única de Emergencias (el 911 que ya compramos y no funciona).
  • Plan de prevención de delito. Habla de reducir y controlar factores de riesgo, evitar los delitos e intervenir en determinadas zonas. Define al delincuente como: hombre, joven, hijo de presos, con antecedentes criminales, “potencial” o actual drogadicto, y que vive en asentamientos precarios.
  • Política de acercamiento con la comunidad. Intenta que los vecinos cooperen con las autoridades políticas y las agencias especializadas en materia de seguridad “brindándole información”. Habla de la “cooperación” con agencias de seguridad privadas: entrenamiento, participación en operaciones y trabajo conjunto “para prevenir delitos”.
  • Política de modernización de la legislación. Propone la reforma de la 2302, revisar el código contravencional y la revisión del proyecto del Código Procesal Penal.

Vigilar y castigar

Por Pablo Scatizza

La doctrina de la Tolerancia Cero fue ideada a mediados de la década del ‘80 por el Instituto Manhattan, y llevada al extremo por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani y su jefe de Policía, William Bratton. En 1998 llegó a nuestro país, importada por el entonces ministro de Seguridad y Justicia de Buenos Aires, León Arslanián.

Tal como señala el filósofo y sociólogo francés Loic Wacquant, quien analizó esta política en una investigación plasmada en «Las cárceles de la miseria» (Manantial, 2000), el objetivo de esta doctrina es “calmar el temor de las clases medias y altas mediante el hostigamiento permanente de los pobres en los espacios públicos”. En tal sentido, los enemigos sociales para quienes pregonan la Tolerancia Cero son los lavadores y lavadoras de autos, los/as inmigrantes ilegales, las prostitutas, los/as drogadictos/as, mendigos/as, vagabundos/as y los “portadores de rostro”, y es a ellos y ellas a quienes va dirigida la política de mano dura. Gracias a esta doctrina, las cárceles de todas las ciudades del mundo en la que se ha ido aplicando se encuentran atestadas de pobres e indigentes, la mayoría por delitos que en sociedades con políticas más “blandas” estarían cumpliendo condenas de servicios a la comunidad o, en el peor de los casos, de regímenes abiertos.

Frente a esta doctrina, el derecho reconoce otra teoría denominada “Garantismo”, identificada en nuestro país con el especialista en la materia y ahora juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. Esta línea de pensamiento propone establecer límites al poder punitivo frente a las libertades establecidas en todo Estado de Derecho, y por tal motivo es descalificada por el conservadurismo de derecha como “mano blanda” o “permisiva”. Sin embargo, lejos de “permitir” la existencia de eventuales delitos, lo que esta teoría sostiene es, en pocas palabras, que todas las personas poseen derechos individuales, y que estos deben ser siempre garantizados. Frente a las políticas de “mano dura” que proponen encerrar a los “enemigos sociales”, lo que el garantismo plantea es que, primero, se le aseguren a esos sujetos sus derechos reconocidos constitucionalmente; y, si eventualmente cometieran algún delito, que se tengan garantizado un juicio justo, rápido y una condena acorde a la falta cometida.

Detrás del texto

Si bien el PIS promete colocarse en el medio de la “Tolerancia cero” y el “Garantismo”, la filosofía de la mano dura desborda por todos sus poros. Y esto se puede observar si se lee entrelíneas lo que dice el texto donde se fundamenta el proyecto, en el cual queda en claro que el problema es “el delito” y no “el delincuente”, y es por ello que toda solución pasa por eliminar –literalmente- al “delincuente” (causante del delito), más no las potenciales causas que lo convierten en tal. Esto, que puede parecer un juego de palabras, significa, ni más ni menos, que lejos de intentar erradicar las causas estructurales que llevan a un sujeto a delinquir –como la perversa y desigual distribución de la riqueza, la marginación, la exclusión y el desamparo del Estado, el gobierno neuquino pretende eliminar al delincuente con las premisas “no hay individuos más fuertes que la ley”, “el crimen paga”, “ser delincuente es un mal negocio” y “las calles son para los ciudadanos honestos”, tal como dice textualmente el documento.

Bajo estas consignas, la intención del gobierno de JOS es “combatir” con una “política de seguridad” lo que un Estado debería solucionar con políticas de Educación, Salud y Acción Social. Dice el texto: “la política de seguridad debe modificar los incentivos a la actividad criminal y fortalecer las barreras de ingreso al delito, de modo de reducir las oportunidades de que nuevos sujetos pasen a formar parte del mundo del delito”. Dicho en otras palabras, “incrementaremos la mano dura para demostrarles a los potenciales delincuentes (ladrones pobres, no funcionarios corruptos) lo que les puede pasar, llenaremos las cárceles con ellos e impondremos una sociedad de control de tal manera que nadie mueva un dedo sin que nosotros lo sepamos”.

Asimismo, este proyecto propone una suerte de “neolombrosionismo” digno de destacar. Tal como el italiano Césare Lombroso postuló a fines del siglo XIX, asegurando que era posible determinar un “tipo criminal” de acuerdo a determinadas características físicas, el PIS sostiene que en la actualidad son determinadas condiciones urbanísticas las que determinan dónde puede haber delincuentes. En efecto, el proyecto sentencia que son las “comunidades desestabilizadas y ganadas por el desorden”, “el deterioro urbano”, y “las zonas degradadas” las que generan “un incentivo para la localización del delito”, por lo que los sospechosos de siempre siguen siendo los pobres, marginados en barrios marginales y generalmente jóvenes que no calificarían para integrar la juventud emepenista de Nueva Generación, quienes deberán aprender, a fuerza de palos, balas y cárcel, que no es un buen negocio andar robando por ahí.

Recuadro3

The security adviser

Eugenio Burzaco es el gurú contratado para diseñar el Plan de Seguridad. Tiene 36 años, estudió en el St. George´s College y la universidad del Salvador. Tiene un master en Economías y Políticas Públicas en el Georgetown Public Policy Institute de Washington D.C..

Fue asesor del representante por Arizona en el Congreso de los Estados Unidos, Jim Kolbe en “temas de Comercio internacional (Fast Track y ALCA) y en temas de Reformas Administrativas (marcos regulatorios, privatizaciones y reformas de la administración Pública en América Latina)”, lo que le alejó definitivamente del marxismo.

Publicó algunos libros paradigmáticos desde el título: “Mano Justa Una reflexión sobre la inseguridad pública y una propuesta para superar la crisis”, y “Rehenes de la Violencia. Un estudio sobre las razones del Aumento de la criminalidad en Argentina”, ninguno de los cuales se consiguen en Siringa.

Ahora, Burzaco es diputado provincial, presidente bonaerense de “Compromiso para el Cambio” y el especialista en seguridad en el equipo de trabajo del PRO. Por eso, tendría garantizada la titularidad del ministerio de Seguridad de Mauricio Macri.

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