Aten busca una reforma contra la impunidad

Política

Sandra Rodríguez y abogados Palmieri y Mendaña
Sandra Rodríguez y abogados Palmieri y Mendaña

El gremio Aten presentó un proyecto de reforma al Código Procesal Penal. Quieren que la querella pueda iniciar e impulsar la investigación. Buscan evitar la impunidad, como en la causa Fuentealba II.

Aten provincial y la CoCapre, con la adhesión de numerosas organizaciones sociales de Neuquén, presentaron hoy a la Legislatura Provincial un proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que intenta clarificar el papel de los querellantes en la causas judiciales.

Lo que el gremio busca es que la parte querellante pueda iniciar e impulsar investigaciones judiciales, para no depender de la iniciativa de la fiscalía o la policía, organismos que representan al Estado. Sobre todo, cuando el Estado es autor o responsable.

La presentación se realiza en la última sesión de la Legislatura neuquina, antes del inicio del receso de invierno.

Un fallo polémico

La iniciativa del gremio docente tiene directa relación con el último fallo de la Cámara Penal de Apelaciones, que rechazó el pedido de los abogados que representan a la familia del docente asesinado Carlos Fuentealba, y los instruyó para hacer sus peticiones a través de la fiscalía.

Justamente, la querella venía cuestionando tanto el papel de la fiscalía como la del juez en la llamada causa Fuentealba II. Al primero, por haber pedido el sobreseimiento de 14 de los 15 imputados en la causa que investiga las responsabilidades políticas e institucionales por el operativo represivo del 4 de abril de 2007, que terminó con el crimen del docente neuquino. Al juez, lo acusan de parcialidad en la indagación. A ambos, les achaca además no haber citado al máximo responsable político del crimen: el ex gobernador Jorge Sobisch.

El proyecto

La iniciativa de Aten consiste –técnicamente- en agregar un párrafo al artículo 70 del Código Procesal Penal de la provincia. Para el gremio, este agregado  resolvería el problema planteado por los Jueces en la Resolución de la presentación de la querella en la causa Fuentealba II. “Para nosotros –explicó Pablo Grisón, secretario gremial de Aten- esa resolución es una interpretación que desconoce la supremacía de las normas. Por ello, esta modificación deja sin argumento a quienes pretenden usar estos artilugios legales para mantener la impunidad”.

El gremio sostiene que ya son varias las provincias que han hecho estas modificaciones como la presentada hoy a la Legislatura. Entre ellas Chubut, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego. También existen proyecto de reforma parecidos en Buenos Aires y Capital Federal.

El debate de fondo

La cuestión central en esta disputa que mantienen la querella que representa a Sandra Rodríguez y las hijas de Carlos Fuentealba, es cuál es el papel de la parte querellante en el proceso de investigación indagatoria. Según expusieron los abogados Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri, la decisión de la Cámara de Apelaciones implica que esta actora en el proceso “no tiene facultades para iniciar una investigación en la etapa de instrucción y, en esa línea, tampoco ampliarla”.

La posibilidad de que además del Estado a través del ministerio público Fiscal (la fiscalía) sea la víctima la que pueda iniciar el proceso sumarial “tiene relación directa con los cambios que se reclaman para los códigos procesales de la provincia, para que sean adecuados a los pactos internacionales que sí la contemplan”.

Durante la audiencia pública realizada el 16 de junio pasado, Mendaña y Palmieri habían hecho un pormenorizado análisis del contexto legal que sostiene el rol activo que deben tener los querellantes en este proceso. Citaron los pactos internacionales, la jurisprudencia existente, y una interpretación de este papel que es el que está siendo incorporado en todas las normas procesales, a instancias –incluso- de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien fija los estándares de protección de derechos humanos en el continente.

Para el abogado Mendaña, “la Cámara emitió un mensaje claro: que los únicos facultados (para iniciar e impulsar una investigación) son la fiscalía y, por otro lado y a partir de una norma muy contradictoria con las normas constitucionales, la policía. Fíjense que cosa singular, porque la policía, que es el Estado, y la fiscalía, que es el Estado, son los que pueden iniciar. Pero la víctima, frente a hechos en los que el Estado es el autor o el responsable, no puede iniciar una investigación”.

La interpretación de la Cámara “es muy funcional con la impunidad, porque favorece sistemas de impunidad”.

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