Críticas al gobierno nacional ante el Comité de Derechos Humanos

POPURRI
Pueblos originarios-tierra-wiñoy xipantu
La bandera de mapuce en el Wiñoy Xipantu


El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (O.D.H.P.I.) de Neuquén presentó un informe al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí se  plantean criticas e interrogantes sobre el Cuarto Informe Periódico presentado por el  Gobierno Argentino sobre la situación de los Pueblos Indígenas en el país.

El Observatorio es una organización no gubernamental que tiene como objetivo la promoción del respeto y la efectividad de los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A lo largo del informe gubernamental, el Observatorio señala dos falencias fundamentales. La primera es que no considera el cumplimiento real en las provincias de los derechos de los pueblos indígenas, aun los principales (a no ser discriminados, a la autonomía, a la participación y consulta, a las tierras, a los recursos naturales, educación intercultural y salud) ni menciona los mecanismos institucionales aptos para asegurar la efectividad de los derechos en todo el territorio nacionales. La segunda cuestión, que señala el comentario, es la total omisión de perspectiva de género y de especificidad de la problemática en el informe.

Para realizar dicho análisis, en primer lugar se remite al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado argentino en el año 2000. A pesar de esto, el informe explica que “la legislación interna, tanto a nivel federal como provincial no asimila los contenidos de dicho tratado sino que se mantiene como si éste no fuera obligatorio para el Estado”. Se asiste así, a un abismo entre el compromiso formal asumido y el desamparo legal de los Pueblos Indígenas, demostrado en todos los ámbitos y todos los días. Ejemplo de esto son las Leyes de minería e hidrocarburos y sus modificaciones , sancionadas por el Estado federal, que no contemplan el Derecho a la propiedad de las tierras establecido en el articulo 14 del Convenio 169.

Otra cuestión criticada al informe gubernamental es su versión incompleta y parcialmente falsa de los mecanismos de participación indígena en el nivel del Estado federal. Fundamentalmente en lo referente al Consejo de Participación Indígena (CPI) creado por la resolución 152/2004 del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (I.N.A.I.), donde se establecía que sus funciones  consistían en determinar los mecanismos de designación de los representantes indígenas al Consejo de Coordinación “con carácter no vinculante”. Lo que implica que la decisión final acerca de la formas de representatividad indígena se halla en manos del Estado y no de los propios pueblos representados. Todo esto es omitido en el informe estatal, que presenta la creación de un organismo permanente  como un proceso de protagonismo de las comunidades y pueblos indígenas.

Por otra parte, esa “participación” ocurrió sólo en el nivel federal de gobierno. En los estamentos provinciales, que son los que adoptan la mayoría de las decisiones relativas a los pueblos indígenas, su participación es inexistente.

Para concluir su informe, el O.D.H.P.I sugiere una serie de recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos para el Estado argentino. La principal, de la que se desprenden las otras, consiste en que el Estado debería adecuar su derecho interno de modo que sus obligaciones hacia los pueblos indígenas tengan cumplimiento efectivo en todo su territorio. Dicha legislación debería contener como mínimo:

•    Recursos rápidos y efectivos para el cumplimiento del derecho a la posesión y propiedad territorial de los pueblos y comunidades indígenas en todo el territorio del Estado argentino.

•    Procedimientos de participación institucional de los pueblos indígenas respecto de los intereses que los afecten, en todos los niveles de gestión estatal.

•    Instancias administrativas federales de plena participación indígena, con recursos y atribuciones adecuados para realizar, controlar y obligar al cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en todo el territorio del Estado.

•    Políticas públicas diseñadas con participación indígena, tendientes al fortalecimiento institucional de los Pueblos Indígenas.

Es la primera vez que el O.D.H.P.I. se remite al Comité de Derechos Humanos, con el fin de que nuevos temas y preguntas sean tenidos en consideración en la sesión del 25 de julio de 2009, debido a las numerosas omisiones e inexactitudes del informe presentado por el Estado argentino, en relación al cumplimiento del articulo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos respectos de los pueblos indígenas.

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